Implementación de la Ley 108-05 y sus reglamentos en la agrimensura dominicana
La implementación de la Ley 108-05 y sus reglamentos ha transformado de manera sustancial el sistema registral y la agrimensura en la República Dominicana. Desde su promulgación en 2005 la Ley 108-05 estableció una nueva arquitectura para el registro inmobiliario, tribunales especializados, registro de títulos y mensuras catastrales, dando pie a un proceso continuo de modernización normativa y operativa.
En los últimos años esa modernización se profundizó con la actualización reglamentaria aprobada por el Pleno de la Suprema Corte en 2022 y con reformas posteriores en 2025. Los cambios no solo apuntan a claridad legal, sino también a mejoras tangibles en tiempos de respuesta, digitalización y programas de titulación para familias dominicanas.
Marco legal y actualización de reglamentos
La Ley Núm. 108-05, promulgada el 23 de marzo de 2005, sustituyó el antiguo régimen registral y sentó las bases para la organización del sistema inmobiliario en el país. Este cuerpo normativo definió competencias de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, el Registro de Títulos y las mensuras catastrales, creando un esquema integral para la seguridad jurídica de la propiedad.
En 2022 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó la modernización de los cuatro reglamentos fundamentales que complementan la Ley 108-05: Tribunales, Registro de Títulos, Mensuras Catastrales y Regularización Parcelaria. Las resoluciones rectoras 787-2022 a 790-2022 publicaron esos textos reglamentarios para su aplicación práctica.
Entre ellos, la Resolución 789-2022 (27 oct 2022) estableció el Reglamento General de Mensuras Catastrales, con la creación de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, funciones para Direcciones Regionales y estándares técnicos para la presentación y calificación de trabajos de mensura, integrando así criterios homogéneos para los agrimensores y las oficinas técnicas.
Estructura institucional y Dirección de Mensuras
La actualización reglamentaria organizó formalmente la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y clarificó las responsabilidades de las Direcciones Regionales. Esto permite una coordinación nacional que busca uniformar procedimientos técnicos y criterios de calificación de expedientes.
Además, la distribución de funciones entre instancias nacionales y regionales favorece la descentralización operativa: las Direcciones Regionales reciben, tramitan y supervisan mensuras locales con apoyo de normas técnicas que ahora están estandarizadas por la Resolución 789-2022 y reglamentos complementarios, como la Resolución No. 3764-2014 para mensuras superpuestas.
La estructura institucional también incluye tribunales especializados en materia inmobiliaria , regulados por la Resolución 787-2022, lo cual refuerza los canales de resolución judicial para controversias de deslinde, registro y titulación, contribuyendo a la seguridad jurídica en el sistema.
Cifras, carga de trabajo y desempeño operativo
Las estadísticas de 2022 muestran la magnitud del sistema: el Registro Inmobiliario atendió 476,653 expedientes ese año, de los cuales 309,824 fueron presenciales y 166,829 ingresaron por canales virtuales. Las Direcciones Regionales de Mensuras recibieron 90,370 expedientes técnicos, reflejando alta demanda por servicios de mensura y regularización.
En términos de eficiencia, la modernización reglamentaria fue acompañada por mejoras en tiempos de respuesta: el tiempo promedio en Registro de Títulos pasó de aproximadamente 14 días en diciembre de 2021 a cerca de 7 días en diciembre de 2022. En mensuras catastrales, el 86% de los expedientes técnicos fueron trabajados antes de 15 días hábiles durante 2022, lo que muestra impacto operativo positivo.
La capacidad operativa del sistema es significativa: el catastro y registro parcelario supera el millón de inmuebles registrados; el Poder Judicial reportó alrededor de 1,468 colaboradores en el sistema registral y se atendieron cerca de 480,000 trámites por año, cifras que subrayan la escala y necesidad de recursos humanos y tecnológicos adecuados.
Digitalización, canales en línea y atención al usuario
La digitalización ha sido clave en la implementación práctica de la Ley 108-05 y sus reglamentos. Se actualizó la Oficina Virtual de Mensuras Catastrales, incorporando pagos electrónicos, chat en línea y la automatización de recepción de reclamos, lo que facilitó el acceso y mayor transparencia en los procesos técnicos y registrales.
El fortalecimiento de un centro de contacto, la oferta de webinars y la ampliación de canales virtuales impulsaron la entrega de expedientes por medios remotos, como lo demuestran los 166,829 expedientes virtuales registrados en 2022. Estas herramientas contribuyen a la reducción de tiempos y a la inclusión de usuarios en zonas con dificultades de desplazamiento.
No obstante, especialistas y foros han señalado la necesidad de profundizar la digitalización, mejorar interoperabilidad entre instituciones y garantizar formación técnica continua para agrimensores, de modo que la calidad de las mensuras y la seguridad jurídica no dependan únicamente de la velocidad del trámite.
Regularización parcelaria: reformas 2025 y participación pública
En octubre de 2025 el Pleno de la Suprema Corte aprobó modificaciones al Reglamento de Regularización Parcelaria (Resolución 790-2022), ampliando la aplicación de la regularización parcelaria como regla general y reservando el deslinde como excepción judicial. Adicionalmente se estableció la vigencia de anotaciones en el Registro Complementario por un año.
La propuesta de modificación fue sometida a consulta pública entre el 19 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, lo que permitió la participación ciudadana y técnica en el proceso de ajuste reglamentario. Este ejercicio demuestra un enfoque más inclusivo en la elaboración de normas que afectan directamente a la tenencia y titulación de la tierra.
Las reformas buscan acelerar procesos de formalización y titulación, alineándose con programas estatales de entrega de títulos. Al mismo tiempo, generan debates sobre límites, criterios de aplicación territorial y la necesidad de salvaguardas para evitar solapamientos y conflictos de propiedad que requieran intervención judicial.
Impacto en programas de titulación y beneficios sociales
Los reglamentos y su implementación han sido pieza fundamental para programas de titulación masiva. En agosto de 2025 el gobierno relanzó un proyecto estatal para entregar 110,000 nuevos títulos a familias, en el marco de la regularización por parte del centro encargado (CEA). El comunicado oficial citó cifras acumuladas: 139,000 títulos entregados, 152,000 en jurisdicción y 250,000 en levantamiento , datos que ilustran avance pero también el volumen pendiente por resolver.
El Presidente Luis Abinader afirmó al relanzar la titularización que la entrega de títulos es «profundamente humano y justo», subrayando la dimensión social de la formalización de la propiedad. Para muchas familias, la titulación significa acceso a seguridad, crédito y servicios.
Sin embargo, el éxito de los programas depende de coordinación interinstitucional, velocidad en la calificación técnica de mensuras y la disponibilidad de recursos para completar los procesos administrativos y catastrales, aspectos que aún requieren atención sostenida.
Jurisprudencia, debates técnicos y desafíos futuros
La actualización reglamentaria ha venido acompañada de pronunciamientos judiciales y debates académicos sobre la armonización entre la Ley 108-05 y sus reglamentos. Doctrina y jurisprudencia sugieren la necesidad de interpretaciones coherentes para evitar contradicciones entre textos legales y actos administrativos.
Seminarios y foros en 2024 y 2025 (por ejemplo, actividades en la PUCMM en septiembre de 2025) han identificado retos recurrentes: más digitalización, mejor coordinación entre instituciones, mayor agilidad en trámites y formación técnica de agrimensores. Estas recomendaciones buscan sostener la calidad de las mensuras y la seguridad jurídica de títulos entregados.
El juez Anselmo Bello Ferreras resumió el impacto institucional al señalar que la Ley 108-05 «organizó el sistema Inmobiliario dominicano», una frase que subraya cómo la norma y sus reglamentos han redefinido procesos. No obstante, la implementación plena exige recursos, supervisión y actualización continua de guías técnicas vigentes.
Recursos, reglamentos complementarios y transparencia
Los textos completos de las resoluciones 787-2022, 788-2022, 789-2022 y 790-2022 están disponibles en repositorios oficiales y bases de datos jurídicas (Poder Judicial, Registro Inmobiliario, vLex y otros sitios institucionales) para descarga y consulta técnica. Tener acceso público a estos documentos facilita la transparencia y la interpretación uniforme por parte de operadores y ciudadanos.
Además de los reglamentos principales, existen reglamentos complementarios y guías técnicas , como la Resolución No. 3764-2014 para mensuras superpuestas, que siguen siendo aplicables junto con el Reglamento General de Mensuras Catastrales. La coexistencia de instrumentos exige criterios claros de aplicación y capacitación para garantizar consistencia técnica.
Finalmente, la disponibilidad de canales virtuales, webinars y centros de contacto contribuye a la educación ciudadana y profesional. El desafío es que el conocimiento, la tecnología y la formación avancen de manera simultánea para consolidar los beneficios de la reforma normativa.
En síntesis, la implementación de la Ley 108-05 y sus reglamentos ha generado avances técnicos, institucionales y sociales relevantes para la agrimensura dominicana. Los resultados en tiempos de respuesta, digitalización y programas de titulación muestran impactos concretos, aunque aún persisten retos de coordinación, recursos y capacitación.
El camino hacia una mayor seguridad jurídica y cobertura parcelaria requiere mantener la actualización normativa, fortalecer la formación técnica y profundizar la digitalización institucional. Con ello, las reformas pueden traducirse en mayor acceso a la propiedad y en un sistema registral más eficiente y justo para la población.
